Mucho antes de entrar en el estado de emergencia del 2020, el Perú ya tenía una aguda crisis en la gestión del turismo que no era percibida como tal quizás por los indicadores de crecimiento que hemos tenido desde mediados de los 90’s; sin embargo, esta crisis no había sido advertida por los stakeholders del turismo nacional hasta que la pandemia la desnudó por completo.
Quizás por causa de la ausencia de políticas públicas en turismo para el largo plazo sumado a un vacío jurídico que permita la coordinación “obligatoria” entre los niveles nacional, regional y local; así como las coordinaciones intersectoriales prácticamente inexistentes en los espacios públicos y privados.
Desde los años 90’s hemos tenido un crecimiento superior al 8%, mayor el promedio mundial, en ingresos de visitantes extranjeros, movimiento interno de visitantes e inversiones en servicios de alojamiento, alimentación y otros servicios relacionados; sin embargo, el último ingresos de visitantes extranjeros, movimiento interno de visitantes e inversiones en servicios de alojamiento, alimentación y otros servicios relacionados; sin embargo, el último plan país para el desarrollo del sector data del año 2000 el cual nunca fue ejecutado y desde ese entonces, el sector ha estado al vaivén de los gobiernos de turno que cada 2 o 3 años cambiaban las políticas sectoriales a través de planes estratégicos los cuales quedan como una declaración de buenos deseos.
El sector privado, representado por gremios nacionales, no expresan las necesidades de las regiones las cuales están prácticamente olvidadas con escasos recursos destinos a proyectos, planificación o promoción. Por décadas, el Perú concentra en exceso su oferta turística en Cusco y Machu Picchu al sur del país mientras que el norte y la selva amazónica no han sido desarrollados para el turismo.
Existe un gran vacío que requiere urgentemente de una adecuada coordinación, una adecuada gobernanza que permita desarrollar un modelo sostenible para las poblaciones locales.
