Una ley sin brújula: turismo peruano con normas y sin diagnóstico

Por: Oscar Gamarra Domínguez, Licenciado en turismo y Hotelería

 

En medio del entusiasmo parlamentario por aprobar una nueva Ley General de Turismo, vale la pena preguntarnos si este cambio normativo responde realmente a las profundas transformaciones que requiere el sector. La respuesta, lamentablemente, es no.

La propuesta legislativa que hoy se presenta como “renovadora” sigue siendo, en esencia, una ampliación técnica de la Ley N.º 29408, aprobada en 2009. Si bien incorpora nuevas categorías, sistemas de información, enfoques de sostenibilidad e innovación, no enfrenta los principales cuellos de botella que limitan el desarrollo del turismo peruano.

La Coordinación Interinstitucional sigue siendo una ficción

Uno de los principales problemas que arrastra el turismo en Perú es su escasa articulación multisectorial. ¿Cómo aspiramos a un verdadero desarrollo turístico si los grandes temas —patrimonio, naturaleza, infraestructura, conectividad— siguen fuera del alcance real del ente rector, el MINCETUR?

La propuesta legislativa no establece mecanismos operativos que aseguren la coordinación efectiva con el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente o el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, actores fundamentales para la puesta en valor del patrimonio, la gestión de áreas naturales protegidas o la mejora de accesos a destinos. El Comité Consultivo Regional o los entes gestores de destino son fórmulas vagas si no se acompañan de compromisos vinculantes y presupuestos compartidos. Cambiar la ley sin cambiar la forma de gobernar el turismo es una reforma incompleta.

Tampoco se aborda el problema de fondo de la pobre o nula coordinación intrasectorial entre los niveles de gobierno. En ausencia de una estructura jerárquica de orden superior —quizás desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)—, toda coordinación se vuelve un saludo a la bandera.

¿Y la Profesionalización del sector?

Es sorprendente —y preocupante— que la nueva ley no mencione en absoluto a los colegios profesionales de turismo, ni reconozca su rol en la validación, vigilancia y promoción del ejercicio profesional. En un sector donde la calidad de los servicios está directamente ligada a la formación del capital humano, la omisión del rol profesional resulta un retroceso.

Los colegios profesionales de turismo no solo acreditan capacidades; también construyen ciudadanía turística, ética profesional y responsabilidad ante el patrimonio. Su exclusión de la norma denota una visión que aún privilegia al turismo como actividad económica, pero no como sistema cultural ni profesional.

Planeamiento sin horizonte ni prioridades

Otro de los vacíos más notables es la superficialidad del planeamiento estratégico. El PENTUR y los PERTUR no proyectan una visión de mediano o largo plazo como requiere el sector. Tampoco desarrollan con la profundidad necesaria la priorización de intervenciones en regiones que requieren urgentemente una reactivación turística, como el caso del Circuito Turístico Nor Oriental (CTN). Basta recordar el Plan Maestro de Desarrollo Turístico elaborado por JICA en los años 90, donde ya se planteaba un enfoque territorial claro y bien estructurado.

A ello se suma la necesidad imperiosa de fortalecer a las regiones —a través de las DIRCETURES— y a los gobiernos locales con potencial turístico. No es posible avanzar sin dotar a estos niveles de gobierno de capacidades técnicas, presupuestales y de gestión que les permitan planificar, promocionar y ejecutar inversiones públicas de manera adecuada. Las regiones deben ser protagonistas de la transformación turística, y no meros ejecutores de decisiones tomadas desde el nivel central.

No se trata solo de cambiar el texto de la ley. Se trata de cambiar la arquitectura del turismo en el Perú. Sin articulación interinstitucional, sin coordinación real entre niveles de gobierno, sin visión estratégica territorial y sin fortalecer el capital humano para la gestión, el emprendimiento y la competitividad de los destinos turísticos —tanto internos como receptivos—, ninguna norma logrará movilizar el enorme potencial turístico del país.

Sí, el Perú necesita una nueva Ley General de Turismo, pero no una que nazca solo desde el escritorio. Debe estar precedida por un análisis más profundo del sector, que permita entender las verdaderas razones del desorden en el crecimiento turístico del país. Necesitamos una ley que parta del diagnóstico real del territorio: ¿por qué seguimos con tasas tan altas de informalidad? ¿Cómo se puede mejorar la interconexión regional y multimodal de los destinos turísticos, conectando no solo con Lima, sino entre los propios circuitos del país? ¿Cuál ha sido el impacto y la eficacia de las inversiones realizadas por COPESCO desde la promulgación de la Ley N.º 27889 en 2002, que destina recursos para la instalación de servicios turísticos públicos? Estas preguntas deben responderse antes de diseñar cualquier norma. Una ley sin diagnóstico es solo un cambio de forma sin transformación de fondo.

Quizás ha llegado el momento de pensar en la creación de una Autoridad Nacional de Turismo con competencias suficientes para articular y ejecutar acciones multisectoriales en zonas de prioridad nacional. Sin este nivel de decisión, seguiremos atrapados entre el potencial y la parálisis.

Asimismo, la nueva ley debe también establecer un marco jurídico robusto que incentive y facilite la inversión pública y privada orientada al desarrollo de nuevos destinos turísticos, promoviendo la diversificación de la oferta territorial y el aprovechamiento sostenible de los recursos turísticos. Esta normativa debe priorizar la puesta en valor de los atractivos naturales, culturales y vivenciales del país, tanto para el fortalecimiento del turismo interno como para la consolidación del turismo receptivo, articulando estas inversiones a las ventajas comparativas y competitivas que posee el Perú.