Repensar el turismo peruano: romper la normalización del desorden y construir un sector del siglo XXI

El turismo peruano vive atrapado en una contradicción estructural. A pesar de su enorme potencial para generar empleo, reducir brechas y dinamizar territorios históricamente relegados, continúa operando con una institucionalidad fragmentada, con decisiones centralizadas en Lima y con una gestión pública que no dialoga con la realidad del territorio. Lo que en otros países es un sector estratégico del siglo XXI, en el Perú sigue funcionando bajo inercias del siglo pasado.

Históricamente, el crecimiento turístico desde los años 90 no fue producto de una política pública sólida, sino de coyunturas favorables: estabilidad macroeconómica, inversiones privadas dispersas y una mejora de la imagen país. Ese crecimiento sin planificación consolidó un modelo desigual, concentrado casi exclusivamente en Lima y Cusco, mientras el resto del país quedó reducido a “potencial turístico”, un término que ha servido para justificar la inacción.

Hoy, el panorama es aún más complejo. La gestión del turismo está distribuida entre múltiples sectores sin una coordinación efectiva: Cultura controla museos y sitios arqueológicos; Ambiente, las áreas naturales; el MTC, la conectividad; Vivienda, el saneamiento; y el MEF, la llave presupuestal. El MINCETUR —ente rector— carece del alcance institucional necesario. El resultado es un rompecabezas: cada entidad trabaja según su propia agenda y el país opera sin un modelo integrado de desarrollo turístico.

La situación de Machu Picchu revela con especial crudeza la desconexión entre el discurso de modernidad y la realidad operativa del país. En pleno siglo XXI, una de las maravillas del mundo todavía depende de venta presencial de boletos, filas interminables, reventa informal y desorden operativo, cuando lo mínimo indispensable sería un portal digital seguro, transparente y confiable, alineado con estándares internacionales que protegen al visitante y evitan la discrecionalidad. A ello se suma el problema estructural del transporte en buses desde Aguas Calientes hasta la Llaqta, un cuello de botella anunciado desde hace décadas y que ninguna institución —ni del gobierno nacional, ni del regional, ni del local— abordó con visión de futuro. Las medidas temporales, parciales o improvisadas han sido paliativos que solo postergan el conflicto. Hoy, el sistema está al borde del colapso: genera tensiones sociales recurrentes, incentiva la informalidad y transmite al turismo extranjero una imagen de precariedad incompatible con la importancia global de Machu Picchu. Lo más grave no es que el problema exista, sino que el país sabía que iba a estallar y aun así no se desarrollaron soluciones sostenibles de movilidad, seguridad y gestión digital que garanticen la protección del patrimonio y una experiencia digna para los visitantes.

Pero la debilidad no es únicamente estatal. Las universidades que imparten la carrera profesional de Turismo, que deberían ser un contrapeso técnico entre los intereses públicos y privados, no han logrado asumir ese rol. En lugar de producir investigación crítica, evaluar modelos de desarrollo o cuestionar las decisiones tomadas en las últimas tres décadas, muchas han priorizado sobrevivir: llenar aulas, mantener matrícula y sostener presupuestos. La academia turística peruana se ha vuelto poco articulada, poco influyente y débilmente representada, sin un bloque colegiado especializado que aporte evidencia, análisis y pensamiento estratégico.

Los colegios profesionales de turismo tampoco han logrado suplir ese vacío. Durante décadas estuvieron marcados por la mala gestión y la fragmentación interna. Recién desde 2021 han empezado a recomponerse, pero aún no ejercen la influencia técnica ni política que el sector necesita. Sin esa pata académica y colegiada —robusta, crítica y cohesionada— es imposible equilibrar la balanza frente a decisiones de corto plazo, intereses particulares o desconocimiento técnico del propio aparato estatal.

A ello se suma la fragmentación del Estado en sus tres niveles de gobierno, que dificulta cualquier articulación real. Las políticas de turismo son débiles o inexistentes; los gobiernos regionales y locales no cuentan con capacidades, personal técnico ni presupuestos; y los recursos provenientes de la Ley 27889 o de casinos y tragamonedas han terminado diluyéndose en pequeñas obras dispersas en un territorio inmenso, sin integración a corredores turísticos ni estrategias de comercialización. El resultado es predecible: proyectos que se deterioran, infraestructuras que no generan demanda y recursos públicos sin impacto.

Las condiciones externas agravan el problema: conectividad precaria, ausencia de vuelos interregionales, inseguridad creciente, informalidad en ascenso y competencia internacional que capitaliza cualquier tropiezo peruano. Mientras tanto, el país continúa gestionando su turismo como si siguiera siendo una actividad secundaria, sin comprender su rol estratégico para la economía, la identidad cultural y el desarrollo territorial.

Por estas razones, es urgente establecer una Política Nacional de Estado para el Turismo, no un documento sectorial más, sino una política jerárquica y vinculante liderada desde la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta política debe operar a través de una Secretaría Técnica de Turismo, capaz de articular a todos los sectores, asignar prioridades, ordenar recursos y gestionar proyectos de alto impacto nacional.

La Secretaría deberá intervenir sobre destinos estratégicos como Machu Picchu, Cañón del Colca, Kuélap, Callejón de Huaylas, Paracas, Líneas de Nasca y las playas del norte. Estos lugares requieren soluciones de infraestructura, conectividad, conservación, seguridad y articulación comercial que hoy ningún sector puede resolver por sí solo. Se trata de destinos que, si se gestionan correctamente, pueden impulsar cadenas productivas regionales y descentralizar realmente los beneficios del turismo.

Esta visión debe acompañarse de políticas educativas y formativas coherentes. CENFOTUR debe fortalecerse y trabajar en alianza con instituciones regionales para ofrecer, de manera gratuita y descentralizada, formación de mandos medios, atención al cliente y, donde corresponda, la carrera de guía oficial de turismo. Sin capital humano no hay sostenibilidad posible. Y sin investigación universitaria no hay análisis crítico que oriente las decisiones de Estado.

Repensar el turismo implica abandonar de una vez por todas la administración del caos. Implica dejar de ver a Machu Picchu como un recurso aislado de territorio rico en otros recursos turísticos y abrir la mirada a un país completo, con rutas diversas, culturas vivas y paisajes que pueden transformar comunidades enteras.

Implica asumir que la sostenibilidad no se decreta: se construye con instituciones fuertes, academia activa, inversión inteligente y territorio articulado.

El turismo peruano no puede seguir siendo un conjunto de islas desconectadas. Necesita convertirse en un verdadero sector: planificado, articulado y con visión país. Solo entonces podremos decir que el turismo no es una actividad que crece “a pesar del Estado”, sino un motor que impulsa el futuro del Perú.

 

Oscar Gamarra Dominguez

Licenciado en Turismo y Hotelería por la Universidad de San Martín de Porres con colegiatura de COLITUR Lima N° 1449 y actualmente decano del Colegio de Licenciados en Turismo de Lima

 

Una ley sin brújula: turismo peruano con normas y sin diagnóstico

Por: Oscar Gamarra Domínguez, Licenciado en turismo y Hotelería

 

En medio del entusiasmo parlamentario por aprobar una nueva Ley General de Turismo, vale la pena preguntarnos si este cambio normativo responde realmente a las profundas transformaciones que requiere el sector. La respuesta, lamentablemente, es no.

La propuesta legislativa que hoy se presenta como “renovadora” sigue siendo, en esencia, una ampliación técnica de la Ley N.º 29408, aprobada en 2009. Si bien incorpora nuevas categorías, sistemas de información, enfoques de sostenibilidad e innovación, no enfrenta los principales cuellos de botella que limitan el desarrollo del turismo peruano.

La Coordinación Interinstitucional sigue siendo una ficción

Uno de los principales problemas que arrastra el turismo en Perú es su escasa articulación multisectorial. ¿Cómo aspiramos a un verdadero desarrollo turístico si los grandes temas —patrimonio, naturaleza, infraestructura, conectividad— siguen fuera del alcance real del ente rector, el MINCETUR?

La propuesta legislativa no establece mecanismos operativos que aseguren la coordinación efectiva con el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente o el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, actores fundamentales para la puesta en valor del patrimonio, la gestión de áreas naturales protegidas o la mejora de accesos a destinos. El Comité Consultivo Regional o los entes gestores de destino son fórmulas vagas si no se acompañan de compromisos vinculantes y presupuestos compartidos. Cambiar la ley sin cambiar la forma de gobernar el turismo es una reforma incompleta.

Tampoco se aborda el problema de fondo de la pobre o nula coordinación intrasectorial entre los niveles de gobierno. En ausencia de una estructura jerárquica de orden superior —quizás desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)—, toda coordinación se vuelve un saludo a la bandera.

¿Y la Profesionalización del sector?

Es sorprendente —y preocupante— que la nueva ley no mencione en absoluto a los colegios profesionales de turismo, ni reconozca su rol en la validación, vigilancia y promoción del ejercicio profesional. En un sector donde la calidad de los servicios está directamente ligada a la formación del capital humano, la omisión del rol profesional resulta un retroceso.

Los colegios profesionales de turismo no solo acreditan capacidades; también construyen ciudadanía turística, ética profesional y responsabilidad ante el patrimonio. Su exclusión de la norma denota una visión que aún privilegia al turismo como actividad económica, pero no como sistema cultural ni profesional.

Planeamiento sin horizonte ni prioridades

Otro de los vacíos más notables es la superficialidad del planeamiento estratégico. El PENTUR y los PERTUR no proyectan una visión de mediano o largo plazo como requiere el sector. Tampoco desarrollan con la profundidad necesaria la priorización de intervenciones en regiones que requieren urgentemente una reactivación turística, como el caso del Circuito Turístico Nor Oriental (CTN). Basta recordar el Plan Maestro de Desarrollo Turístico elaborado por JICA en los años 90, donde ya se planteaba un enfoque territorial claro y bien estructurado.

A ello se suma la necesidad imperiosa de fortalecer a las regiones —a través de las DIRCETURES— y a los gobiernos locales con potencial turístico. No es posible avanzar sin dotar a estos niveles de gobierno de capacidades técnicas, presupuestales y de gestión que les permitan planificar, promocionar y ejecutar inversiones públicas de manera adecuada. Las regiones deben ser protagonistas de la transformación turística, y no meros ejecutores de decisiones tomadas desde el nivel central.

No se trata solo de cambiar el texto de la ley. Se trata de cambiar la arquitectura del turismo en el Perú. Sin articulación interinstitucional, sin coordinación real entre niveles de gobierno, sin visión estratégica territorial y sin fortalecer el capital humano para la gestión, el emprendimiento y la competitividad de los destinos turísticos —tanto internos como receptivos—, ninguna norma logrará movilizar el enorme potencial turístico del país.

Sí, el Perú necesita una nueva Ley General de Turismo, pero no una que nazca solo desde el escritorio. Debe estar precedida por un análisis más profundo del sector, que permita entender las verdaderas razones del desorden en el crecimiento turístico del país. Necesitamos una ley que parta del diagnóstico real del territorio: ¿por qué seguimos con tasas tan altas de informalidad? ¿Cómo se puede mejorar la interconexión regional y multimodal de los destinos turísticos, conectando no solo con Lima, sino entre los propios circuitos del país? ¿Cuál ha sido el impacto y la eficacia de las inversiones realizadas por COPESCO desde la promulgación de la Ley N.º 27889 en 2002, que destina recursos para la instalación de servicios turísticos públicos? Estas preguntas deben responderse antes de diseñar cualquier norma. Una ley sin diagnóstico es solo un cambio de forma sin transformación de fondo.

Quizás ha llegado el momento de pensar en la creación de una Autoridad Nacional de Turismo con competencias suficientes para articular y ejecutar acciones multisectoriales en zonas de prioridad nacional. Sin este nivel de decisión, seguiremos atrapados entre el potencial y la parálisis.

Asimismo, la nueva ley debe también establecer un marco jurídico robusto que incentive y facilite la inversión pública y privada orientada al desarrollo de nuevos destinos turísticos, promoviendo la diversificación de la oferta territorial y el aprovechamiento sostenible de los recursos turísticos. Esta normativa debe priorizar la puesta en valor de los atractivos naturales, culturales y vivenciales del país, tanto para el fortalecimiento del turismo interno como para la consolidación del turismo receptivo, articulando estas inversiones a las ventajas comparativas y competitivas que posee el Perú.