El turismo peruano vive atrapado en una contradicción estructural. A pesar de su enorme potencial para generar empleo, reducir brechas y dinamizar territorios históricamente relegados, continúa operando con una institucionalidad fragmentada, con decisiones centralizadas en Lima y con una gestión pública que no dialoga con la realidad del territorio. Lo que en otros países es un sector estratégico del siglo XXI, en el Perú sigue funcionando bajo inercias del siglo pasado.
Históricamente, el
crecimiento turístico desde los años 90 no fue producto de una política pública
sólida, sino de coyunturas favorables: estabilidad macroeconómica, inversiones
privadas dispersas y una mejora de la imagen país. Ese crecimiento sin planificación
consolidó un modelo desigual, concentrado casi exclusivamente en Lima y Cusco,
mientras el resto del país quedó reducido a “potencial turístico”, un término
que ha servido para justificar la inacción.
Hoy, el panorama es
aún más complejo. La gestión del turismo está distribuida entre múltiples
sectores sin una coordinación efectiva: Cultura controla museos y sitios
arqueológicos; Ambiente, las áreas naturales; el MTC, la conectividad;
Vivienda, el saneamiento; y el MEF, la llave presupuestal. El MINCETUR —ente
rector— carece del alcance institucional necesario. El resultado es un
rompecabezas: cada entidad trabaja según su propia agenda y el país opera sin
un modelo integrado de desarrollo turístico.
La situación de Machu
Picchu revela con especial crudeza la desconexión entre el discurso de
modernidad y la realidad operativa del país. En pleno siglo XXI, una de las
maravillas del mundo todavía depende de venta presencial de boletos,
filas interminables, reventa informal y desorden operativo, cuando lo mínimo
indispensable sería un portal digital seguro, transparente y confiable,
alineado con estándares internacionales que protegen al visitante y evitan la
discrecionalidad. A ello se suma el problema estructural del transporte en
buses desde Aguas Calientes hasta la Llaqta, un cuello de botella anunciado
desde hace décadas y que ninguna institución —ni del gobierno nacional, ni del
regional, ni del local— abordó con visión de futuro. Las medidas temporales,
parciales o improvisadas han sido paliativos que solo postergan el conflicto.
Hoy, el sistema está al borde del colapso: genera tensiones sociales
recurrentes, incentiva la informalidad y transmite al turismo extranjero una
imagen de precariedad incompatible con la importancia global de Machu Picchu.
Lo más grave no es que el problema exista, sino que el país sabía que iba a
estallar y aun así no se desarrollaron soluciones sostenibles de movilidad,
seguridad y gestión digital que garanticen la protección del patrimonio y una
experiencia digna para los visitantes.
Pero la debilidad no
es únicamente estatal. Las universidades que imparten la carrera profesional
de Turismo, que deberían ser un contrapeso técnico entre los intereses
públicos y privados, no han logrado asumir ese rol. En lugar de producir
investigación crítica, evaluar modelos de desarrollo o cuestionar las
decisiones tomadas en las últimas tres décadas, muchas han priorizado
sobrevivir: llenar aulas, mantener matrícula y sostener presupuestos. La
academia turística peruana se ha vuelto poco articulada, poco influyente y
débilmente representada, sin un bloque colegiado especializado que aporte
evidencia, análisis y pensamiento estratégico.
Los colegios
profesionales de turismo tampoco han logrado suplir ese vacío. Durante décadas
estuvieron marcados por la mala gestión y la fragmentación interna. Recién
desde 2021 han empezado a recomponerse, pero aún no ejercen la influencia
técnica ni política que el sector necesita. Sin esa pata académica y colegiada
—robusta, crítica y cohesionada— es imposible equilibrar la balanza frente a
decisiones de corto plazo, intereses particulares o desconocimiento técnico del
propio aparato estatal.
A ello se suma la fragmentación
del Estado en sus tres niveles de gobierno, que dificulta cualquier
articulación real. Las políticas de turismo son débiles o inexistentes; los
gobiernos regionales y locales no cuentan con capacidades, personal técnico ni
presupuestos; y los recursos provenientes de la Ley 27889 o de casinos y tragamonedas
han terminado diluyéndose en pequeñas obras dispersas en un territorio inmenso,
sin integración a corredores turísticos ni estrategias de comercialización. El
resultado es predecible: proyectos que se deterioran, infraestructuras que no
generan demanda y recursos públicos sin impacto.
Las condiciones
externas agravan el problema: conectividad precaria, ausencia de vuelos
interregionales, inseguridad creciente, informalidad en ascenso y competencia
internacional que capitaliza cualquier tropiezo peruano. Mientras tanto, el
país continúa gestionando su turismo como si siguiera siendo una actividad
secundaria, sin comprender su rol estratégico para la economía, la identidad
cultural y el desarrollo territorial.
Por estas razones, es
urgente establecer una Política Nacional de Estado para el Turismo, no
un documento sectorial más, sino una política jerárquica y vinculante liderada
desde la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta política debe operar a
través de una Secretaría Técnica de Turismo, capaz de articular a todos
los sectores, asignar prioridades, ordenar recursos y gestionar proyectos de
alto impacto nacional.
La Secretaría deberá
intervenir sobre destinos estratégicos como Machu Picchu, Cañón del Colca,
Kuélap, Callejón de Huaylas, Paracas, Líneas de Nasca y las playas del norte.
Estos lugares requieren soluciones de infraestructura, conectividad,
conservación, seguridad y articulación comercial que hoy ningún sector puede
resolver por sí solo. Se trata de destinos que, si se gestionan correctamente,
pueden impulsar cadenas productivas regionales y descentralizar realmente los
beneficios del turismo.
Esta visión debe
acompañarse de políticas educativas y formativas coherentes. CENFOTUR
debe fortalecerse y trabajar en alianza con instituciones regionales para
ofrecer, de manera gratuita y descentralizada, formación de mandos medios,
atención al cliente y, donde corresponda, la carrera de guía oficial de
turismo. Sin capital humano no hay sostenibilidad posible. Y sin investigación
universitaria no hay análisis crítico que oriente las decisiones de Estado.
Repensar el turismo implica abandonar de una vez por todas la administración del caos. Implica dejar de ver a Machu Picchu como un recurso aislado de territorio rico en otros recursos turísticos y abrir la mirada a un país completo, con rutas diversas, culturas vivas y paisajes que pueden transformar comunidades enteras.
Implica asumir que la sostenibilidad no se decreta: se construye con
instituciones fuertes, academia activa, inversión inteligente y territorio
articulado.
El turismo peruano no
puede seguir siendo un conjunto de islas desconectadas. Necesita convertirse en un verdadero sector: planificado, articulado y con
visión país. Solo entonces podremos decir que el turismo no es una actividad que crece “a
pesar del Estado”, sino un motor que impulsa el futuro del Perú.
Oscar Gamarra
Dominguez
Licenciado en
Turismo y Hotelería por la Universidad de San Martín de Porres con colegiatura
de COLITUR Lima N° 1449 y actualmente decano del Colegio de Licenciados en
Turismo de Lima
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